En un inesperado cambio ministerial, la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, donde Santiváñez reemplaza a Enrique Alcántara, quien renunció a su cargo. Este nombramiento ha generado controversia debido a las múltiples acusaciones que enfrenta Santiváñez, quien hasta hace poco ocupaba el Ministerio del Interior, del cual fue censurado por el Congreso.

Santiváñez asume su nuevo rol en medio de investigaciones fiscales y denuncias mediáticas. Ha sido criticado por su defensa legal a figuras implicadas en corrupción y crimen organizado, incluyendo generales de la Policía. En marzo, testigos protegidos de la Fiscalía lo acusaron de sobornos a fiscales y jueces por más de 60,000 dólares. Aunque Santiváñez ha negado estas acusaciones, su conocimiento previo de un reportaje que lo implicaba ha levantado sospechas sobre posibles filtraciones.

A pesar de los allanamientos en su vivienda y despacho, Boluarte lo respaldó, acusando a la Fiscalía de intentar un "golpe de Estado blanco". Santiváñez, por su parte, calificó las acciones fiscales como un "manotazo de ahogado". La Fiscalía también ha revelado que podría haber reclutado operadores legales con conexiones en el Poder Judicial para obtener fallos favorables.

Su gestión en el Ministerio del Interior estuvo marcada por polémicas, incluyendo la difusión de cifras erróneas y acusaciones infundadas. El coronel (r) Harvey Colchado lo criticó, afirmando que es "improvisado, sin transparencia y moralmente inhabilitado" para el cargo. Santiváñez ha insistido en que las acusaciones son parte de un intento de desprestigio y asegura que se aclararán con el tiempo.

El regreso de Santiváñez al gabinete ministerial abre un nuevo capítulo en la política peruana, generando un intenso debate sobre su idoneidad para el cargo y el futuro de su gestión en el Ministerio de Justicia.