La nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) y proyectos en activos está a un paso de entrar en vigor tras la aprobación de un dictamen de insistencia en el Congreso. Esta legislación representa un avance significativo en la promoción de proyectos de infraestructura y servicios en Perú. Su objetivo es acelerar la ejecución de iniciativas conjuntas entre el Estado y el sector privado, estableciendo reglas de gobernanza más claras y eficientes.

El fortalecimiento del rol de ProInversión es uno de los aspectos más destacados de esta norma. Según Víctor Miranda, consultor del estudio Dentons y experto en derecho público, "estamos frente a un cambio significativo en la regulación de APP. La ley busca acortar los plazos promedio de desarrollo de proyectos, dar mayor claridad a la participación de ProInversión y definir roles específicos para cada actor del sistema". Esto, según Miranda, permitirá incentivar la inversión privada y reducir la brecha de infraestructura en el país.

Uno de los cambios más relevantes es el nuevo papel de ProInversión. Además de formular proyectos y elaborar estudios técnicos, la agencia podrá suscribir contratos bajo la modalidad APP y administrar proyectos de Gobiernos Regionales y Locales durante su ejecución. Miranda señala que "la norma aprovecha la especialización de ProInversión, lo que debería agilizar los procesos de otorgamiento".

El dictamen también introduce medidas para acortar plazos que, en ocasiones, superaban los ocho años. Con la nueva regulación, se espera que los proyectos estratégicos puedan concretarse en un plazo de dos a tres años, gracias a la simplificación de trámites y la eliminación de pasos duplicados. La gestión de contratos y adendas contará con procedimientos más ágiles y claros, sin que esto implique mayores riesgos para el Estado.

La transparencia es otro aspecto clave de la nueva ley. Las empresas deberán coordinar con las entidades públicas y reportar avances, lo que busca reducir riesgos de corrupción y facilitar el seguimiento ciudadano. Aunque la ley aún necesita ser promulgada, Miranda advierte que el sector privado debe anticiparse a estos cambios. "Es fundamental revisar procesos internos, evaluar proyectos bajo los nuevos criterios y contar con aliados legales especializados para adaptarse a los cambios", recomendó.