El reciente nombramiento de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos ha desatado una ola de críticas en el ámbito político peruano. La designación, realizada el 23 de agosto, se produce solo cinco meses después de que el Congreso lo censurara por su gestión al frente del Ministerio del Interior. Santiváñez no solo enfrenta cuestionamientos políticos, sino que también está bajo una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias y tiene una orden judicial que le impide salir del país por 18 meses.

El congresista Diego Bazán, de Renovación Popular, ha cuestionado la decisión del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, de aceptar a Santiváñez en su gabinete. Bazán ha propuesto impulsar una moción de censura contra Arana, argumentando que su actitud es una falta de principios. "Si el premier no hubiera estado de acuerdo, con un poco de dignidad hubiera presentado su renuncia", afirmó Bazán. Además, calificó la juramentación de Santiváñez como "una afrenta y burla" tanto para la ciudadanía como para el Congreso.

La llegada de Santiváñez al Ministerio de Justicia genera preocupación sobre su capacidad para liderar una cartera clave para la justicia y los derechos humanos. El ministerio es responsable de reformas sensibles, como la gestión penitenciaria y la representación legal del Estado en tribunales internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bazán ha advertido que el nombramiento de Santiváñez podría complicar las investigaciones en curso, ya que el cargo ministerial ofrece protección judicial mediante el antejuicio político.

La presidenta Dina Boluarte ha defendido su decisión, argumentando que Santiváñez tiene la experiencia necesaria para el cargo. Sin embargo, su regreso al gabinete plantea interrogantes sobre su rol y la independencia del Ministerio de Justicia. Se especula que Santiváñez podría influir en decisiones estratégicas, como la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un tema delicado dado que la presidenta enfrenta investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas al inicio de su gobierno.

Además, se ha mencionado que Santiváñez podría promover iniciativas legales para brindar protección a la mandataria frente a otras investigaciones. Su gestión también podría estar marcada por un enfrentamiento con el Ministerio Público, dado que durante su tiempo en el Ministerio del Interior, mantuvo constantes choques con los fiscales.

La controversia en torno a su nombramiento ha llevado a varios sectores del Congreso a considerar la posibilidad de presentar una moción de censura contra el premier Arana. Esta situación podría agudizar la inestabilidad política y profundizar la crisis que atraviesa el Ejecutivo. La percepción pública sobre la legitimidad del sistema judicial se ve amenazada, ya que la presencia de un ministro cuestionado y bajo investigación podría socavar la confianza ciudadana en un momento crítico para el país.