El año 2025 marca un cambio significativo en el panorama electoral de Argentina. Por primera vez, las elecciones legislativas se llevarán a cabo sin las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y con la implementación de la Boleta Única en Papel (BUP). Este nuevo sistema ha provocado una notable disminución en la cantidad de listas presentadas en comparación con las elecciones de 2021.

Las autoridades del Gobierno han señalado que la eliminación del financiamiento estatal para la impresión de boletas ha reducido los incentivos para que los partidos políticos participen en el proceso electoral. "Con esto queda claro que las primarias no solo eran una molestia para la ciudadanía, sino también un curro de la política", afirmó una fuente del Poder Ejecutivo.

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, solo 15 fuerzas competirán por un lugar en el Congreso, en comparación con las 28 que se presentaron en las PASO de 2021. En Santa Fe y Córdoba, la cantidad de listas ha disminuido de 23 a 14 y 16, respectivamente. En la Ciudad de Buenos Aires, la reducción también es evidente, pasando de 17 a 15 boletas.

Las únicas provincias que han visto un aumento en la cantidad de listas son Formosa, Jujuy y San Juan, mientras que Misiones mantiene la misma cantidad de 11 propuestas.

El nuevo sistema de BUP ha sido diseñado para simplificar el proceso electoral y reducir el gasto público. La Dirección Nacional Electoral ha creado tres modelos de boletas según la cantidad de partidos en disputa. Sin embargo, el modelo más grande, que mide 72 centímetros, no se utilizará en ninguna jurisdicción.

El cambio en el financiamiento también ha sido significativo. Anteriormente, el Estado otorgaba a cada partido un presupuesto que podía llegar a ser millonario, incentivando la creación de listas que, en muchos casos, no tenían posibilidades reales de éxito. Por ejemplo, el Frente Unión por el Futuro, liderado por Juan José Gómez Centurión, presentó dos listas en Buenos Aires, pero solo obtuvo el 0,92% de los votos.

Con la nueva normativa, los partidos ya no tienen que superar el 1,5% de los votos para participar, lo que ha llevado a una reducción en la cantidad de agrupaciones que se presentan. Las autoridades del Gobierno consideran que esta reforma no solo simplifica el proceso electoral, sino que también elimina incentivos para la creación de listas que no buscan realmente competir.

El debate sobre la reforma electoral había generado resistencia en la oposición, pero los efectos ya son visibles en un escenario político con menos sellos improvisados y un ahorro significativo para el Estado.