En Chile, la obtención de cuentas de repartidor para aplicaciones como Uber Eats, Rappi y PedidosYa se ha vuelto alarmantemente sencilla. Un mensaje en redes sociales puede ser suficiente para adquirir una cuenta. Un vendedor comentó: "El muchacho que la trabajaba antes era colombiano. Y al muchacho le llegaban depósitos de $109 mil pesos, más lo que hacía en efectivo". Este proceso puede realizarse en solo tres pasos: un saludo, preguntar si la cuenta sigue disponible y solicitar la transferencia.

Las plataformas tienen requisitos establecidos. Uber exige ser mayor de edad, tener cédula vigente, permiso de circulación y patente. Sin embargo, en la práctica, la creación de cuentas puede ser más laxa. BBCL Investiga realizó pruebas y encontró que Rappi no exige la patente del vehículo, lo que permite que personas sin licencia o documentos adecuados puedan operar.

PedidosYa también presenta un acceso más flexible. Aunque en su sitio web se mencionan requisitos como fotografías de la licencia de conducir y el permiso de circulación, en la práctica se aceptan documentos vencidos. Esto facilita que individuos sin la documentación necesaria puedan repartirse por las calles.

Rappi, por su parte, es la más accesible. En menos de cinco minutos, un nuevo repartidor puede recibir su primer pedido, sin necesidad de tener una moto o una licencia de conducir. Esto plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y la legalidad de los repartidores en las ciudades.

Además, el Marketplace de Facebook se ha convertido en un lugar donde se compran y venden cuentas de repartidor. Los precios oscilan entre $20 mil y $120 mil pesos, dependiendo del tiempo de uso y la plataforma. Un vendedor comentó: "Mire, si gusta cargue la cuenta… véala y luego me habla". También hay opciones para crear cuentas, que pueden costar más de $100 mil pesos, con requisitos mínimos.

Las plataformas han sido consultadas sobre estas prácticas. Uber y Rappi han respondido a las inquietudes, pero la situación sigue generando preocupación sobre la seguridad y la regulación de los repartidores en el país.