En un operativo realizado en la madrugada del domingo 24 de agosto de 2025, las autoridades ecuatorianas interceptaron un camión que transportaba un cargamento explosivo destinado a Colombia. Este hallazgo se produjo en la provincia de El Carchi, en un puesto de control en Tulcán, donde se detuvo a dos personas, un hombre y una mujer, identificados preliminarmente como Luis Aníbal Ch. B. y Karla Esmeralda Ch. P.

Los agentes de la Policía detectaron comportamientos sospechosos durante un control rutinario, lo que llevó a un registro exhaustivo del vehículo. En su interior, encontraron 3.750 cartuchos de emulsión explosiva y 25.000 metros de cordón detonante, ocultos en bolsas de basura. Además, se incautaron varios teléfonos celulares y el camión utilizado para el transporte.

Según las autoridades, el material explosivo había sido adquirido en el mercado negro y tenía como destino final el departamento de Carchi, un punto de tránsito hacia la frontera con Colombia. Se presume que los explosivos estaban destinados a grupos armados colombianos para llevar a cabo atentados en diversas regiones del país.

La Policía de Ecuador emitió un comunicado en el que afirmaron: "Los hechos se suscitaron mientras personal policial realizaba controles preventivos, cuando, mediante técnicas de perfilamiento, detuvieron un camión. Tras un registro exhaustivo, se descubrió que el vehículo transportaba una gran cantidad de explosivos ocultos".

Este operativo se produce en un contexto de creciente violencia en Colombia, donde recientemente se han registrado atentados que han dejado decenas de muertos y heridos. Las investigaciones iniciales sugieren que los explosivos podrían estar vinculados a grupos armados como el Estado Mayor Central (EMC) y el Frente 36 del Estado Mayor Bloques y Frentes (Embf).

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha declarado un estado de "conflicto armado interno" desde 2024 para combatir el crimen organizado, que ha diversificado sus actividades hacia el secuestro y la extorsión, utilizando explosivos en sus operaciones. Las autoridades ecuatorianas consideran que la captura de los dos sospechosos y la incautación del material explosivo han evitado posibles atentados en territorio colombiano. El material decomisado se encuentra bajo custodia judicial mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.