A cinco días de la difusión de audios comprometedores de Diego Spagnuolo, el Gobierno argentino ha comenzado a tomar medidas para manejar una crisis política significativa. Spagnuolo, exfuncionario de la Administración Nacional de Discapacidad (Andis), fue grabado hablando sobre un presunto circuito de coimas en el organismo. En respuesta, el Gobierno ha instruido al interventor de Andis, Alejandro Vilches, para que acelere una auditoría integral sobre todos los contratos del organismo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el primero en abordar la situación, ofreciendo una extensa entrevista radial en la que defendió la postura de la Casa Rosada ante el escándalo. Los audios, grabados clandestinamente y editados con precisión, revelan supuestos negociados entre proveedores de medicamentos y el Estado, lo que contradice el compromiso del Gobierno de erradicar la corrupción.

Francos aseguró que la auditoría sobre los contratos de Andis esclarecerá lo sucedido durante la gestión de Spagnuolo, quien ha sido criticado por su desempeño. Además, Danel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, también está bajo sospecha por su ineficacia en la depuración de pensiones.

Una fuente del Gobierno afirmó: "No se va a ocultar nada y, si aparece algo turbio o una prueba de una coima, lo vamos a hacer mierda". Sin embargo, se cuestiona la credibilidad de Spagnuolo, quien supuestamente mantenía una buena relación con el presidente Javier Milei.

La auditoría se centrará en los contratos y licitaciones de Andis, especialmente en los negocios de la drogería Suizo Argentina, vinculada a la familia Kovalivker. Recientemente, se incautaron 266 mil dólares en un allanamiento, lo que ha generado especulaciones sobre un posible intento de fuga.

Los investigadores han llevado documentación de Andis y Suizo Argentina, y el interventor Vilches está trabajando rápidamente para revisar archivos y bases de datos. La veracidad de los audios y la responsabilidad de los hechos son cuestiones clave que el Gobierno busca esclarecer.

A pesar de la rapidez de las acciones judiciales, hay extrañeza en el Gobierno sobre la secuencia de eventos, especialmente con la aparición de los audios antes de un debate legislativo sobre discapacidad. La situación sigue en desarrollo mientras el Gobierno intenta contener la crisis.