“No existió una sola denuncia presentada ante la Fiscalía por presuntas amenazas contra la integridad del senador Miguel Uribe Turbay antes del atentado en su contra”. Con esta afirmación, el abogado Alejandro Carranza, representante de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), defendió el lunes 25 de agosto ante la Corte Suprema de Justicia la actuación de la entidad y del funcionario, tras el asesinato del precandidato presidencial.

Carranza, que también es el apoderado del presidente de la República, Gustavo Petro, y de su hijo mayor, Nicolás Petro, que afronta un juicio por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, rechazó las acusaciones que han circulado en el ámbito político y negó que la UNP o su director tuv

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