Mientras crece el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, ya son 110 mil las personas cuya pensión ha sido suspendida producto de una auditoría fraudulenta y de la cuál ni si quiera hay resultados públicos. Un Gobierno que enriquece a los empresarios y a sus propios funcionarios a costa de la salud de las personas con discapacidad, poniéndo en riesgo su vida. Hay que redoblar la lucha y hacer crecer la resistencia para derrotarlos.

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