El Gobierno español inicia el curso político con una misión crucial tras la devastadora oleada de incendios que ha arrasado casi el 40 % de las hectáreas de la Unión Europea en 2025. Según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS), más de 411.315 hectáreas han sido calcinadas, superando las 306.555 hectáreas del año 2022, que hasta ahora se consideraba el peor año en términos de incendios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció desde el puesto de mando avanzado del incendio en Jarilla, Cáceres, que el primer Consejo de Ministros tras el parón estival, programado para este martes, aprobará la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil. Esta medida se aplicará a los territorios devastados por los incendios forestales de este verano, especialmente en regiones como Castilla y León, Galicia y Extremadura, así como en la Comunidad de Madrid y Andalucía.

Sánchez destacó el compromiso del Gobierno para abordar la reconstrucción de las áreas afectadas, una vez que se extingan los incendios y se evalúe el impacto económico en los municipios. La declaración de zona catastrófica permitirá al Estado implementar diversas medidas para mitigar los efectos de este desastre natural. Esto incluye ayudas económicas a particulares por daños en sus viviendas, compensaciones a los ayuntamientos por gastos extraordinarios y subvenciones para la reparación de infraestructuras.

La cuantía de las ayudas varía según el tipo de perjuicio. Por ejemplo, en caso de fallecimiento o incapacidad absoluta y permanente, se establece una compensación de 18.000 euros. Para daños en enseres de primera necesidad, el límite es de 2.580 euros. En caso de destrucción total de la vivienda habitual, la ayuda puede alcanzar hasta 15.120 euros, mientras que para daños estructurales, el máximo es de 10.320 euros. Además, se prevén ayudas para comunidades de propietarios y exenciones fiscales para duplicados de permisos de circulación o bajas de vehículos siniestrados.

El Gobierno también contempla ayudas específicas para agricultores y ganaderos, así como para titulares de establecimientos industriales y turísticos, que pueden recibir hasta 9.224 euros. Las corporaciones locales podrán recibir entre el 50 y el 100 % de los gastos derivados de actuaciones inaplazables. Este enfoque busca complementar las iniciativas de las administraciones públicas territoriales, tanto autonómicas como municipales, en un esfuerzo por garantizar la recuperación de las áreas afectadas.