El gobernador Alfredo Cornejo firmó un decreto que revierte una serie de decisiones administrativas y concedió el retiro a un ex-policía que llevaba más de una década en una disputa con el Estado.

El caso, que se extendió desde 2011, incluyó la cesantía del agente, su intento de acogerse a la jubilación, la suspensión de sus beneficios y una maraña de reclamos y recursos administrativos.

La larga batalla legal y el rol de ANSES

La odisea del ex uniformado comenzó en 2011, cuando fue cesanteado por el Ministerio de Seguridad, pero al mismo tiempo se le había otorgado un retiro voluntario para acogerse a los beneficios previsionales. Esta doble situación generó un conflicto que lo dejó sin haberes. A lo largo de los años, el ex-policía interpuso múltiples recursos ante la Oficina Técnica

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