El 26 de agosto de 2025, el concejal de Bogotá, Julián Uscátegui Pastrana, envió una carta formal al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En esta misiva, solicita una investigación internacional sobre el presunto favorecimiento del Gobierno de Gustavo Petro hacia estructuras criminales vinculadas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Uscátegui fundamenta su petición en una serie de hechos y decisiones gubernamentales que, según él, podrían comprometer la seguridad y la institucionalidad de Colombia. Esta denuncia se produce en un contexto de sanciones internacionales contra el dictador Maduro, a quien Estados Unidos acusa de liderar el cartel de los Soles y de ser responsable de la exportación de cocaína hacia territorio norteamericano.

El concejal advierte que las acciones del Gobierno colombiano podrían estar facilitando la operación de redes criminales transnacionales en la frontera colombo-venezolana. Entre los argumentos presentados, destaca la radicación del Proyecto de Ley No. 002 de 2025, conocido como la “ley de sometimiento”. Esta ley propone penas alternativas para integrantes de grupos armados organizados, incluidos aquellos responsables de graves violaciones a los derechos humanos y delitos conexos.

El proyecto ofrece una pena alternativa de un periodo mínimo de cinco años y no superior a ocho años para los máximos responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Uscátegui considera que esta legislación podría tener implicaciones serias en la lucha contra el crimen organizado.

La situación se desarrolla en un momento crítico, donde la relación entre Colombia y Estados Unidos se encuentra bajo el escrutinio debido a las acciones del Gobierno colombiano. La respuesta de la Casa Blanca a esta solicitud de investigación aún está por verse.