El mes pasado, el Congreso mexicano impulsó una batería de más de 20 leyes de seguridad que representan un giro crítico en el manejo de nuestros datos personales, entre estas se encuentran la propuesta de una CURP biométrica obligatoria, con huellas digitales y reconocimiento facial como requisitos para acceder a servicios públicos y privados, que es quizá la más polémica.

Entre estas reformas destaca también la Ley de la Guardia Nacional, la Ley de Investigación e Inteligencia, que permite al Ejército y la Guardia Nacional acceder a bases de datos personales —incluyendo biométricos— sin necesidad de una orden judicial y un proyecto que modifica la Ley General de Población.

Bajo el argumento de modernización y seguridad, lo que se perfila en realidad es la construcción de un sistema de i

See Full Page