Fue el propio presidente Donald Trump el que generó en el ecosistema político el argumento agresivo de que México era un narcoestado y que las bandas productoras y contrabandistas de droga estaban articuladas orgánicamente al Estado a través de funcionarios públicos. Y fue el que dejó correr –si no es que la estimuló — la versión de que los narcos interrogados por fiscales estadounidenses revelarían públicamente las relaciones políticas del crimen organizado.

Sin embargo, los interrogatorios a El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada –los grandes capos del Cártel de Sinaloa que fue identificado como el número 1 en producción y contrabando de fentanilo– no aportaron nada nuevo al gran argumento de Trump de que la revelación que

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