La relación entre Estados Unidos y Venezuela ha experimentado un giro dramático desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. Desde enero de 2025, ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019, han alternado entre acuerdos y tensiones, incluyendo movimientos militares en la región y la movilización de milicianos venezolanos.

Desde que Trump asumió el cargo el 20 de enero, se han producido varios eventos significativos. Ese mismo día, firmó un decreto que designa al Tren de Aragua, una pandilla venezolana, como grupo terrorista. Además, el Gobierno de Trump revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 600.000 venezolanos en EE.UU., lo que ha generado preocupación entre la comunidad migrante.

El 31 de enero, Richard Grenell, enviado especial de Trump, se reunió inesperadamente con Nicolás Maduro en Caracas. Esta reunión, según el Departamento de Estado, no fue una negociación, sino una misión centrada en la repatriación de criminales y la liberación de estadounidenses detenidos. Como resultado, Venezuela liberó a seis estadounidenses ese mismo día.

A medida que las tensiones aumentaban, EE.UU. incautó un segundo avión de Maduro en Santo Domingo el 6 de febrero, y el 4 de marzo, la Casa Blanca finalizó la licencia que permitía a Chevron operar en Venezuela, lo que Maduro calificó de intento de dañar la economía del país.

En marzo, Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones de migrantes vinculados al Tren de Aragua. Sin embargo, para mayo, la inteligencia estadounidense indicó que Venezuela no controlaba dicho grupo criminal, lo que debilitó la justificación de Trump para estas acciones. Las deportaciones de venezolanos a El Salvador también generaron críticas, ya que muchos fueron enviados a una prisión conocida por su trato severo a los detenidos.

El 24 de marzo, Trump anunció aranceles del 25% a cualquier país que comprara petróleo a Venezuela, una medida que entró en vigor el 3 de abril. A pesar de este enfoque amenazante, el Gobierno estadounidense extendió la licencia a Chevron para operar en el país sudamericano.

En julio, se llevó a cabo un intercambio de prisioneros a gran escala, donde EE.UU. envió a 250 venezolanos deportados a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses. Este intercambio se produjo en un contexto de aparente distensión, aunque el 25 de julio, el Departamento del Tesoro de EE.UU. designó al Cartel de los Soles como organización terrorista, lo que reavivó las tensiones.

En agosto, la situación escaló aún más cuando EE.UU. duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, acusándolo de ser uno de los narcotraficantes más grandes del mundo. Esta oferta fue calificada de ridícula por el canciller venezolano, mientras que algunos líderes opositores la apoyaron. La relación entre ambos países sigue siendo volátil y con un futuro incierto.