El presidente de EE.UU., Donald Trump, planea extender sus esfuerzos de aplicación de la ley en ciudades de todo el país, replicando acciones previas en Los Ángeles y Washington. La administración está considerando el uso de fuerzas armadas, incluyendo la Guardia Nacional, para combatir la delincuencia. Sin embargo, esta medida ha sido calificada de inédita y, según algunos expertos, podría ser ilegal.

Trump ya enfrenta un desafío legal en California tras el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio, donde argumentó que las protestas estaban obstaculizando su agenda de inmigración. Elizabeth Goitein, del Centro Brennan para la Justicia, advirtió que el uso del Ejército como fuerza policial podría ser una herramienta de opresión. "Ese es el principio que Trump está destrozando por completo", afirmó.

El presidente ha manifestado su intención de ampliar el papel de los militares en actividades policiales internas. Recientemente, firmó un decreto que establece "unidades especializadas" en la Guardia Nacional para abordar la delincuencia, aunque los detalles de su funcionamiento aún son inciertos. En declaraciones a la prensa, Trump sugirió que podría actuar sin esperar a que los gobernadores soliciten tropas, diciendo: "Podríamos simplemente entrar y hacerlo, que es probablemente lo que deberíamos hacer".

Los alcaldes de las grandes ciudades, como el demócrata Brandon Johnson de Chicago, han expresado su oposición a estas medidas. Johnson calificó las acciones de Trump como "inconstitucionales" y una amenaza para la democracia. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, también se opuso, afirmando: "Señor presidente, no venga a Chicago. No lo queremos ni lo necesitamos aquí".

Pritzker añadió que Trump busca justificar el despliegue del ejército en ciudades demócratas para intimidar a sus rivales políticos, prometiendo llevar a la administración a los tribunales si las tropas llegan a Chicago. David Janovsky, del Proyecto Constitución, advirtió que el despliegue de tropas en ciudades podría crear situaciones peligrosas y volátiles.

A pesar de que el crimen violento ha disminuido en muchas ciudades, Trump ha utilizado afirmaciones exageradas sobre la delincuencia para justificar su agenda. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, indicó que las ciudades con políticas de santuario podrían ser objetivos para la Guardia Nacional.

Los planes del gobierno, que incluyen Chicago, se asemejan al despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles para sofocar protestas. Trump invocó la Sección 12406 del Código de EE.UU. para desplegar la Guardia, argumentando que no podía hacer cumplir las leyes de inmigración debido a las protestas. Sin embargo, la legalidad de estas acciones está siendo cuestionada en un tribunal de California.

Otra opción para Trump es invocar la Ley de Insurrección, que permite el uso de fuerzas militares para poner fin a una insurrección en EE.UU. Aunque esta ley requiere generalmente la solicitud del gobernador, hay disposiciones que permiten al presidente actuar unilateralmente en ciertas circunstancias. Durante su primer mandato, Trump ya había amenazado con utilizar esta ley tras el asesinato de George Floyd.