El Gobierno español ha emitido una advertencia clara a las comunidades autónomas: si alguna se niega a acoger a los menores migrantes que les corresponden, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervendrán. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, expresó su incredulidad ante la posibilidad de que alguna autonomía se oponga a aceptar la tutela de estos menores. "No me cabe en la cabeza que nadie vaya a negarse a acoger en sus territorios y aceptar la tutela", afirmó en una entrevista en TVE.

Torres subrayó que el reparto de menores se basa en un decreto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, que establece una capacidad ordinaria de acogida de 32 menores por cada 100.000 habitantes. Este mecanismo busca aliviar la presión sobre las Islas Canarias y Ceuta, donde se encuentran muchos de estos menores. Sin embargo, algunas comunidades, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular, han manifestado su oposición a este reparto.

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha criticado al Gobierno, acusándolo de "poner palos en las ruedas" y de no proporcionar el apoyo necesario. Prohens argumentó que su comunidad está sobrepasada en su capacidad de acogida y que los consells insulars son quienes realmente están atendiendo a los menores, no el Gobierno central. Además, no pudo especificar cuántas plazas están disponibles en Baleares.

Por su parte, el Gobierno ha defendido la necesidad de garantizar una acogida digna y solidaria para estos menores. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, también se mostró escéptico sobre la posibilidad de que alguna autonomía incumpla la ley, advirtiendo que eso tendría "consecuencias legales".

El decreto aprobado permite que las comunidades que superen su capacidad ordinaria soliciten una situación de contingencia, lo que facilitaría el reparto de menores a otras autonomías. Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha anunciado su intención de recurrir este decreto ante el Tribunal Supremo, argumentando que vulnera sus competencias. Este es el tercer recurso que presenta Madrid contra las normativas de reparto de menores del Gobierno de Pedro Sánchez.

El debate sobre la acogida de menores migrantes continúa, con la mayoría de las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PP, mostrando resistencia a cumplir con las obligaciones legales de acogida.