Un total de 517.189 sociedades mercantiles en España son consideradas "empresas fantasma". Esto se debe a que no presentan actividad aparente y no han entregado sus cuentas en el Registro Mercantil durante los últimos dos años. Según un estudio de Informa D&B, esta cifra representa cerca de una de cada cuatro sociedades registradas en el país. A pesar de las sanciones existentes, estas empresas no cumplen con la obligación legal de presentar su información financiera, lo que aumenta el riesgo de que sean utilizadas para fines fraudulentos.

El informe aclara que estas entidades no deben confundirse con las "empresas zombis", que aunque tienen baja rentabilidad, sí presentan cuentas y pueden ser analizadas económicamente. La Comunidad de Madrid concentra el 19,18% de las empresas fantasma, lo que equivale a 99.185 compañías sin actividad detectable. Andalucía le sigue con un 18,47% (95.530) y Cataluña con un 17,26% (89.263). Juntas, estas tres comunidades autónomas representan más de la mitad del total nacional.

Otras comunidades como la Comunidad Valenciana y el País Vasco también presentan cifras relevantes, aunque significativamente menores. En contraste, regiones como La Rioja, Ceuta y Melilla tienen tasas residuales que apenas superan el 0,1%.

En cuanto a los sectores, las empresas fantasma predominan en la construcción y actividades inmobiliarias (24,73%), seguidas del comercio (21,43%). Los servicios empresariales representan un 13,89%, mientras que la industria solo abarca el 6,21%. Otros sectores como la hostelería, agricultura, transportes y comunicaciones tienen una representación mucho menor.

El perfil de estas entidades varía desde empresas fundadas en el siglo pasado hasta sociedades de reciente creación. El 44,06% se constituyó entre 1975 y 2000, mientras que el 19,2% corresponde al periodo de 2011 a 2020. Un 7,10% se creó entre 2021 y 2025. Esto indica que muchas empresas permanecen inactivas o sin regularización formal durante décadas, lo que sugiere una problemática estructural que no ha sido corregida por reformas administrativas.

En cuanto al capital social, cerca del 65% de las sociedades fantasma se constituyeron con menos de 5.000 euros. Esto evidencia la facilidad para crear nuevas empresas con recursos mínimos, lo que contribuye a la proliferación de sociedades inactivas. La existencia de estas empresas sin actividad ni depósito de cuentas representa un riesgo para la economía nacional, ya que pueden ser utilizadas para actividades opacas o fraudulentas.

Los autores del informe advierten sobre la necesidad de impulsar la liquidación formal y efectiva de estas sociedades, en lugar de permitir que persistan sin control administrativo. A pesar de las sanciones por la falta de presentación de cuentas, el número de empresas fantasma se mantiene alto y estable, lo que indica que las medidas disuasorias son insuficientes y que es necesario revisar los procedimientos para forzar su baja o liquidación.