El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha emitido la Directiva Presidencial No. 07 de 2025, firmada el 13 de agosto, que ordena la revisión de todos los contratos vigentes con empresas israelíes. Esta decisión ha generado un intenso debate en la política exterior del país. La directiva afecta a sectores clave como la exportación de carbón, la compra de armamento y la adquisición de software y herramientas digitales.

Petro señala que esta revisión debe alinearse con los principios de legalidad internacional y los derechos humanos. En el documento, se establece que ministros, embajadores y otros funcionarios deben ajustar sus acciones a esta nueva directriz. El presidente enfatiza que Colombia reafirma su compromiso con la paz y la justicia, en coherencia con la Constitución y los tratados internacionales ratificados.

Uno de los aspectos más críticos de la directiva es la evaluación de contratos relacionados con el suministro de armas y tecnología militar. Históricamente, Colombia ha mantenido relaciones de cooperación con Israel en defensa, pero ahora estas adquisiciones serán revisadas bajo criterios de legalidad internacional. Además, la revisión de contratos en el sector energético podría afectar el flujo de exportaciones de carbón a Israel, un socio comercial importante.

La directiva también incluye una estrategia diplomática para fortalecer la presencia de Colombia en Palestina y Oriente Medio. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Academia Diplomática deberán incorporar el contexto del conflicto palestino-israelí en sus programas de formación. Colombia promoverá activamente resoluciones de la ONU que abordan el estatus de Palestina y el rechazo a la ocupación.

Además, se ordena el acompañamiento a procesos judiciales en curso ante la Corte Internacional de Justicia y otros tribunales internacionales relacionados con Israel. Petro ha defendido esta medida, afirmando que la situación en Palestina requiere acciones coherentes y sostenidas, no solo pronunciamientos simbólicos.

El seguimiento a la implementación de la directiva estará a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia, que podrá emitir instrucciones para su cumplimiento. Con esta decisión, el Gobierno busca que todas las acciones estatales en torno a Palestina e Israel se ajusten a los principios del derecho internacional y a la Constitución colombiana.