La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha comenzado a analizar la tutela que permitió la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta decisión será revisada en segunda instancia tras la impugnación presentada por las víctimas en el proceso judicial que enfrenta Uribe por manipulación de testigos.

El caso ha sido asignado a una sala compuesta por tres magistrados: Myriam Ávila Roldán, presidenta de la Sala Penal; Gerson Chaverra, ex presidente de la Corte Suprema; y Diego Eugenio Corredor Beltrán, quien será el magistrado ponente encargado de proyectar la decisión que se discutirá en el pleno de la Sala.

La revisión se produce después de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara la libertad inmediata de Uribe, lo que llevó a las víctimas a presentar una impugnación. Según los procedimientos legales, la Sala Penal tiene un plazo de hasta 20 días para decidir si mantiene, modifica o revoca el fallo que permitió la libertad del expresidente.

El magistrado Corredor presentará la ponencia sobre la tutela, que será debatida con sus colegas Ávila Roldán y Chaverra. La decisión de la Corte Suprema podría dar lugar a varios escenarios. Si se confirma el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, Álvaro Uribe mantendrá su libertad mientras se tramita la apelación de su condena a 12 años de prisión domiciliaria.

Por otro lado, si el alto tribunal decide modificar el fallo, podría establecer nuevas pautas sobre la detención preventiva y las garantías del debido proceso en casos de gran relevancia pública. En caso de que se revoque la decisión, se restablecería la medida de aseguramiento contra el expresidente.

Cualquiera de estas determinaciones será de cumplimiento inmediato, aunque existe la posibilidad de que la Corte Constitucional revise la tutela para aclarar criterios sobre la restricción de la libertad en procesos penales y los límites que deben observar los jueces al imponer medidas de aseguramiento. La situación sigue en desarrollo.