Un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) ha impuesto una pena de siete años al menor conocido como ‘Tianz’, quien disparó y causó la muerte del precandidato Miguel Uribe Turbay el 7 de junio en Bogotá. Este caso ha generado un intenso debate sobre las sanciones a adolescentes que cometen delitos graves.

El crimen ocurrió en el parque El Golfito, donde el adolescente, de 14 años, disparó varias veces contra Uribe. Tras el ataque, fue detenido por el esquema de seguridad del político. La condena de siete años se considera una de las más altas para un menor, aunque es un año menos que la sanción máxima permitida por la ley.

Camilo Rojas, exviceministro de Justicia, explicó que la sanción máxima para un menor es de ocho años. Rojas también sugirió que es necesario replantear el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El menor deberá cumplir su condena en un centro de atención especializado y no será trasladado a un centro penitenciario para adultos al cumplir 18 años.

Durante el proceso judicial, ‘Tianz’ aceptó los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. En su defensa, se argumentó que el menor había colaborado con la justicia y pidió perdón por el crimen, alegando que no conocía a la víctima ni la magnitud de la acción que había llevado a cabo.

El abogado de la familia de Uribe ha expresado su preocupación, señalando que la ley actual permite que los criminales utilicen a menores sin enfrentar un castigo efectivo. Además, se ha reavivado el debate sobre la laxitud de las condenas a adolescentes, con propuestas en el Congreso para reformar el sistema y endurecer las sanciones.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reporta que en lo que va del año, 2.795 menores han ingresado al SRPA, con 94 de ellos por homicidio. La mayoría de los delitos cometidos por adolescentes son robos y tráfico de drogas. La situación ha llevado a expertos a advertir sobre la instrumentalización de menores por parte de organizaciones criminales, quienes les prometen dinero y poder a cambio de su participación en delitos.