La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Pasco y Huánuco ha restituido ocho restos óseos de personas desaparecidas durante el periodo de violencia política en Perú, que abarcó entre 1980 y 2000. Esta acción permite a los familiares darles una sepultura digna tras décadas de incertidumbre. El fiscal provincial Silvio Santiago Modesto destacó que "los restos fueron recuperados tras un largo proceso de investigación e identificación forense".

Los restos entregados corresponden a víctimas de los distritos de Leoncio Prado, Monzón, José Crespo y Castillo, y Rupa Rupa. Entre los nombres se encuentran Fausto Eugenio Gomero, Policarpio Eugenio Trinidad, Epifania Gomero Acuña, Clemente Valdez Noreña, Manuel Huaranga Chamorro, Lucio Meneses Rodríguez, Graciano Teotemo Modesto Ortiz y Cerilo Tebes Laberiano.

La Fiscalía investiga cada caso de desaparición y, tras determinar el lugar de entierro, procede a la recuperación de los restos. Las causas de muerte en varios de estos casos han sido atribuidas a actos de violencia extrema, incluyendo disparos y ataques con machetes. Dado el tiempo transcurrido, los restos encontrados son principalmente partes óseas más resistentes, como cráneos y dientes.

En una ceremonia emotiva, también se restituyeron los restos de siete víctimas en la Catedral de Huánuco. Este evento, que tuvo lugar el 28 de agosto, fue acompañado por autoridades locales y ciudadanos que rindieron homenaje a las víctimas. La restitución es parte del trabajo de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que desde 2019 ha logrado devolver los restos de 67 personas en la región.

Las víctimas, cuyos nombres fueron leídos uno a uno, desaparecieron en distintas localidades de la selva huanuqueña durante el conflicto armado interno. La magnitud de las desapariciones sigue siendo alarmante, con casi 3000 nombres registrados en Huánuco y más de 1000 víctimas aún sin localizar.

El proceso de identificación de los restos puede extenderse entre seis meses y un año, debido a que el equipo forense principal opera desde Ayacucho. La labor de restitución es resultado de un trabajo interinstitucional que involucra a la Fiscalía de Derechos Humanos, la Cruz Roja y equipos forenses especializados. Las autoridades han reiterado su compromiso de seguir avanzando en la localización y entrega de restos para que más familias puedan cerrar un capítulo de dolor.