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El Gobierno de Donald Trump está socavando la independencia de los organismos que velan por la salud, la estabilidad financiera y el mercado de trabajo de Estados Unidos y que tienen una tradición de autonomía desde hace décadas. Los últimos despidos y presiones públicas y privadas para imponer la agenda antivacunas, decidir los tipos de interés o alterar la presentación de los datos de empleo son señales de una ofensiva que no tiene precedentes en la historia de estas instituciones.
El presidente de Estados Unidos repite, con palabras casi idénticas a las utilizadas en su primer mandato, que su posición le da derecho a “hacer lo quiera”. Una portavoz de la Casa Blanca asegura que está cumpliendo con su promesa de acabar con el poder de “burócratas no elegidos”, pero en la práctica el Gobierno está desplazando a expertos que no responden a dictados políticos con personas sin preparación específica y dispuestos a cumplir directrices externas.
Después de los castigos y los despidos masivos en ministerios que tiene más directamente bajo su control como el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado , Trump se ha centrado en las últimas semanas en las entidades más autónomas del Gobierno y que tienen influencia en el bienestar cotidiano de los ciudadanos. Además de despedir a responsables de organismos habitualmente independientes, ha eliminado con varios decretos protecciones laborales básicas para poder despedir a servidores públicos por toda la Administración sin justificación.
Anti-vacunas
Este jueves, Trump despidió a Susan Monarez , la recién nombrada directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas en ingles) y doctora especialista en enfermedades infecciosas, después de que ella se negara a echar a expertos de la agencia y a aceptar todas las recomendaciones para la restricción del acceso a las vacunas y la vuelta atrás en los procesos de aprobación de los nuevos miembros del comité impuestos por el secretario de Sanidad, Robert Kennedy, según Stat News , un medio especializado en información sanitaria.
Al menos tres médicos en puestos directivos de CDC han dimitido en protesta por el despido y lo que han visto en los últimos meses.
“La salud pública no se limita a la del individuo, sino que abarca la de la comunidad, la nación y el mundo. La seguridad sanitaria del país está en riesgo y ha quedado en manos de personas centradas en su propio interés ideológico”, escribió en su carta de dimisión el doctor Demetre Daskalakis , que aconseja casi entre lágrimas a los ciudadanos se dirijan a su médico personal en busca de orientación en lugar de al organismo hasta ahora de referencia.
Los dimisionarios salieron de su oficina rodeados de aplausos y flores de apoyo de sus compañeros, que improvisaron una concentración. El personal está especialmente tocado desde el tiroteo contra su sede de Atlanta a principios de agosto que mató a un policía. El asesino era un hombre con problemas mentales, que, según su padre, creía que las vacunas tenían la culpa de sus males.
Esta semana el regulador de medicamentos y alimentos (FDA, en sus siglas en inglés) autorizó con restricciones las vacunas actualizadas contra el COVID, que hasta ahora estaban disponibles en Estados Unidos para todos las personas a partir de los seis meses. La autorización para personas mayores de 65 años o con enfermedades de riesgo se parece a las recomendaciones en Europa, pero, además del mensaje anti-vacunas, el resultado es que las vacunas no estarán cubiertas por el seguro médico y que farmacéuticos y médicos afrontan posibles querellas si las administran para grupos no recomendados.
El panel de CDC todavía tiene que emitir recomendaciones, y de momento no tiene una reunión prevista hasta dentro de tres semanas. Pero en medio de la incertidumbre el impacto inmediato ha sido que l a cadena de farmacias CVS , la mayor del país y lugar habitual de la vacunación, ha parado la administración de dosis en 16 estados a cualquier persona, también de los grupos de riesgo, en un intento de evitar posibles litigios. La otra gran cadena del país, Walgreens, no confirmó su decisión, pero ha puesto nuevas restricciones, como la petición de una receta, según pudo comprobar el New York Times .
El nuevo panel de recomendaciones de la agencia no tiene “legitimidad”, según el senador Bill Cassidy , republicano de Louisiana y presidente de la comisión de Sanidad del Senado que tiene que aprobar los nombramientos del Departamento. Cassidy, que es médico, ha criticado como otros republicanos a Kennedy, pese a que aceptó su nombramiento. “Hay acusaciones graves sobre la agenda, los miembros y la falta de un proceso científico”, dijo Cassidy, preocupado como otros por el caos en la agencia.
“Creo que van a acabar cerrando la agencia CDC. No creo que exista dentro de un año. Querrán distribuir las responsabilidades entre los estados”, decía Vincent Racaniello , virólogo, profesor de la Universidad de Columbia y presentador de un popular podcast especializado sobre virus, al conocer la noticia del despido.
Controlar tipos y datos
A principios de agosto, el presidente también echó de la noche a la mañana a Erika McEntarfer, directora de la Oficina de Estadística Laboral y cuya agencia estaba haciendo su trabajo al publicar como cada mes los datos sobre la creación de empleo. En julio, el dato mostró menos puestos de trabajo nuevos en un contexto de guerra comercial e incertidumbre.
Al principio de esta semana, Trump ha intentado despedir también a Lisa Cook, una de las gobernadoras en la junta de Gobierno de la Reserva Federal que votó en una reunión en contra de bajar los tipos de interés por el miedo a una nueva subida de precios.
Trump asegura sin pruebas que Cook cometió fraude al pedir una hipoteca y el Departamento de Justicia ha lanzado una investigación aunque no ha presentado ningún cargo en lo que, según ella, podría ser un “error de papeleo” . Pero Cook no sólo se ha resistido, sino que ha denunciado a la Administración en un caso que puede sentar precedente sobre los poderes del presidente en relación a la Fed. En mayo, el Tribunal Supremo , de mayoría conservadora, dictó una sentencia que permitió a Trump los despidos en otras agencias federales, pero en la que sugirió que el banco central tiene una protección especial y el presidente no puede despedir a un miembro de la junta del Gobierno de la Fed por desacuerdos sobre la política monetaria.
Las protecciones están ahí para evitar decisiones partidistas que puedan perjudicar a la economía, como recuerdan economistas sean o no críticos con las decisiones de la Reserva Federal.
“Las instituciones clave de las que dependemos para tener una buena política económica están siendo atacadas”, decía esta semana Claudia Sahm, una economista que trabajó para la Fed y que es conocida por haber creado un indicador para detectar recesiones.
En una entrevista con el Financial Times , Sahm identificó el riesgo para la calidad de los datos sobre el empleo y más allá: “La información en Estados Unidos todavía es de buena calidad… Pero estamos yendo en una dirección muy mala cuando las estadísticas están siendo dinamitadas”. Y comentó que, en realidad, la presión sobre la Fed puede ser contraproducente para cualquier gobierno: “Cuando los políticos intentan controlar la política monetaria, esto lleva a malos resultados… Me preocupa que en un año o dos ya no tengamos una Reserva Federal políticamente independiente”.
Lo que pase con la Fed también preocupa en Europa. “Si la independencia del banco central se desmorona de verdad y la Reserva Federal empieza a tomar decisiones por motivos distintos a los principios de la política monetaria, por ejemplo, porque el presidente exige tipos de interés más bajos, la consecuencia inevitable será el repunte de la inflación”, dijo esta semana Olli Rehn, el gobernador del Banco de Finlandia y ex comisario europeo, durante una charla sobre democracia en Helsinki.
Independencia y presiones en la historia
La autonomía de estas instituciones públicas clave ha sido durante décadas una de las salvaguardias básicas en el sistema presidencial de Estados Unidos. Su autoridad y capacidad de resistencia al deseo de los presidentes pueden sorprenden en España y en otros países europeos donde la protección frente a las interferencias partidistas en los organismos públicos no está tan clara. En Estados Unidos, los directores de estos organismos no son políticos, sino profesionales del sector en cuestión, y no cambian por la victoria de un partido u otro sin un motivo justificado.
La Reserva Federal, en particular, está diseñada desde su creación en 1913 para no reaccionar ante los deseos de los gobiernos. Se financia de manera independiente, sin intervención del Congreso, tiene una junta de gobierno con miembros con mandatos de 14 años para que no coincidan con los mandatos de ningún presidente -que puede servir como mucho ocho años y que es elegido siempre cada cuatro-, y no responde a ningún político de sus acciones. Esto no quita para que los presidentes hayan intentado influir en sus decisiones.
Presidentes como Lyndon Johnson o Richard Nixon han tratado de presionar a algunos de sus miembros sobre las decisiones de política monetaria, pero nunca hasta ahora un presidente se había dedicado a dar órdenes y a amenazar al gobernador jefe de la Reserva Federal como ha hecho Trump. El intento de despedir a Cook le ha salido de momento mal, pero podría abrir una brecha para aumentar su capacidad de influencia.
Igualmente, la Oficina de Estadística Laboral, que se creó a finales del siglo XIX, tiene una larga tradición de transparencia y autonomía aunque ahora dependa del equivalente en Estados Unidos al Ministerio de Trabajo.
La publicación de sus cifras está regulada por ley. Tiene también algunas salvaguardias, como que la persona encargada tiene un mandato de cuatro años que no coincide con los ciclos electorales y no se cambia con la llegada del presidente. Esto está basado más en la norma habitualmente respetada por los presidentes que en una ley que haga imposible despedir a esa persona.
A lo largo de la historia, también ha habido sospechas de intentos de presión, como cuando Nixon ordenó cambiar de puesto al número dos de la agencia porque había comentado de manera crítica los números de desempleo en un testimonio ante el Congreso. Pero ni siquiera lo echó y es una de las actuaciones registradas en las grabaciones entonces consideradas escandalosas.
Entre estas tres agencias, la más vulnerable a posibles interferencias políticas siempre ha sido la de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades porque no tiene una estructura tan independiente de la Administración. Hay ejemplos concretos en el pasado, como la falta de acción temprana contra el SIDA a principios de los años 80, durante la Administración Reagan.
Pero no hay precedente de una toma tan radical de la agencia, donde el secretario Kennedy ha echado a todo el comité de expertos que lleva cinco décadas emitiendo recomendaciones sobre vacunación para nombrar a sus fieles , escépticos sobre la eficacia de la inmunización y a menudo con credenciales médicas dudosas o sin ninguna experiencia en el campo de la vacunación.
A diferencia de la hasta ahora directora, el nuevo jefe interino de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades no es médico. El elegido por Kennedy es Jim O’Neill, un empresario e inversor de Silicon Valley que escribía discursos sobre sanidad para George W. Bush y que lleva años trabajando para el multimillonario Peter Thiel , el protector del vicepresidente JD Vance. En la pandemia, O’Neill promocionó en Twitter remedios sin evidencias científicas y difundió bulos hasta sobre el nombre del virus. Es posible que el Senado no confirme su nombramiento, pero de momento él es el responsable en semanas clave para la vacunación.
Contra reguladores y funcionarios
Trump también ha despedido a miembros de consejos de reguladores que, aunque nombrados por los presidentes, tienen un mandato fijo y supuestamente no cambian con cada elección salvo infracción. El presidente lo ha hecho para afianzar su poder en el Consejo de Seguridad Nacional de Transporte , la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo o el regulador de seguridad nuclear .
Más allá de los casos más notables, el Gobierno Trump ha despedido o limitado las responsabilidades de más de una veintena de inspectores generales , encargados de vigilar a la Administración dentro de los ministerios para prevenir e investigar posibles abusos.
Despedir a cualquier funcionario es ahora más fácil después de varios decretos de Trump para eliminar protecciones laborales a los servidores públicos. Algunas de esas acciones ya están en los tribunales, denunciadas por los sindicatos.
En otro decreto firmado este jueves, que también puede acabar ante la justicia, el presidente anuló con la capacidad de negociar acuerdos sindicales de los empleados públicos de la NASA, el Servicio Nacional de Meteorología, la agencia de Comercio Internacional, y la Oficina de Patentes, entre otras agencias. La justificación del decreto es “aumentar la seguridad nacional”.
America News