Resulta penosa y repudiable la violencia ejercida desde el Ministro de Seguridad de Córdoba y la Policía contra los trabajadores y dirigentes sindicales de ATE que defienden sus derechos y los de las personas que reclaman nada menos que alimentos.

La represión y las detenciones arbitrarias son una muestra clara de actitudes intolerantes que lesionan los derechos fundamentales de los ciudadanos y normas constitucionales básicas.

La Justicia debería disponer la inmediata liberación de todos los detenidos y el cese de la represión contra los trabajadores y dirigentes sindicales. La Constitución Nacional protege el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica y es obligación del Estado garantizar y respetar estos derechos.

La sana convivencia social y el Estado socia

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