Según el texto, el nuevo régimen diseñado para regular la recuperación, administración y disposición de activos provenientes de actividades ilícitas, no logra despejar todas las dudas sobre su aplicación práctica. Por el contrario, genera interrogantes y contradicciones que podrían obstaculizar el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado.

Los magistrados señalan que las superposiciones regulatorias pueden generar confusión y afectar los procesos de extinción de dominio y recuperación de bienes, lo que va en contra de los propósitos del decreto.

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"El decreto, además, soslaya la tarea llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la m

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