Las organizaciones de prensa en Perú han exigido medidas urgentes para proteger al periodista Manuel Calloquispe, quien ha recibido amenazas de muerte tras denunciar mafias de minería ilegal en la región de Madre de Dios. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) han solicitado al Estado garantizar la seguridad de Calloquispe, quien fue amenazado esta semana por una organización criminal vinculada a la minería ilegal.

El 28 de agosto de 2025, Calloquispe recibió un mensaje de audio a través de WhatsApp, donde un individuo le advertía que su vida y la de su familia estaban en peligro si continuaba publicando información sobre las mafias. En el audio se escuchan amenazas explícitas como: “te voy a arrancar la cabeza” y “te voy a matar a tu hijo, a tu hermano”. La voz que emitió estas amenazas fue identificada por Calloquispe como la de Alver Carranza Fernández, un individuo con antecedentes delictivos y miembro de la organización criminal "Los Guardianes de la Trocha".

La situación se agrava debido a que las amenazas incluyeron referencias a datos familiares, lo que aumenta la gravedad del caso. Calloquispe ha informado que notificó a la policía local y a las autoridades pertinentes, pero hasta el momento no ha recibido ninguna medida de protección. El IPYS ha denunciado públicamente la falta de acción institucional y ha exigido una intervención urgente para proteger al periodista.

Este no es el primer incidente de hostigamiento que enfrenta Calloquispe. En 2023, más de 200 manifestantes rodearon su casa y lo amenazaron de muerte, lo que refleja la creciente violencia contra quienes investigan actividades ilegales en la Amazonía peruana. A pesar de estos riesgos, Calloquispe continúa su labor como corresponsal de medios como Inforegión y Latina, contribuyendo a exponer las operaciones de las mafias en la región.

Las organizaciones de prensa han solicitado formalmente a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y a la Defensoría del Pueblo que garanticen la seguridad de Calloquispe. En su comunicado, advirtieron que las amenazas contra periodistas han aumentado este año, con al menos dos casos que han terminado en asesinatos. Este panorama resalta la urgencia de que el Estado implemente medidas efectivas para proteger a la prensa, especialmente en áreas donde las economías ilícitas crean un entorno de riesgo extremo para los periodistas.