La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente este 1 de septiembre a la exconsejera para las Regiones de la Presidencia, Sandra Liliana Ortiz Nova, como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

Sandra Ortiz es señalada de mover en vehículos oficiales 3.000 millones de pesos, que habrían sido entregados al entonces presidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez, por el direccionamiento irregular de un contrato de carrotanques en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira.

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