El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha hecho serias acusaciones contra la exfiscal encargada, Martha Mancera, vinculándola a una supuesta "junta del narcotráfico". Según Petro, esta organización sería responsable de varios problemas en el país, aunque no se ha presentado evidencia concreta de su existencia. En sus declaraciones, el mandatario insinuó que Mancera podría estar involucrada en un golpe de Estado y en la tortura de familiares suyos.

Mancera, quien se encuentra en retiro, ha sido objeto de una denuncia presentada por el Centro Jurídico de Derechos Humanos en Washington. Este documento sostiene que la exvicefiscal ha sido injustamente caracterizada como un agente político que utilizó su cargo para desestabilizar al gobierno y desinformar. La denuncia también menciona que Petro y otros funcionarios han afirmado que Mancera es cómplice de la mencionada "junta del narcotráfico", lo que la asocia con organizaciones criminales que han causado estragos en el país.

El texto advierte que estas acusaciones vinculan a Mancera con grupos como el Clan del Golfo y disidencias de las Farc, así como con ataques violentos, incluyendo el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Además, se menciona que el presidente ha hecho imputaciones a través de redes sociales y medios oficiales, relacionando a Mancera con magnicidios y un supuesto complot para asesinarlo.

La denuncia también destaca que Mancera ha enfrentado una persecución laboral sin precedentes en la Fiscalía General de la Nación, donde trabajó durante más de 30 años. Se alega que fue forzada a retirarse y que se le retiró su esquema de protección, a pesar de los riesgos que enfrenta. La Fiscalía, que realizó un estudio de seguridad sobre ella, no le reveló los resultados.

Por si fuera poco, la Unidad Nacional de Protección, que ha sido objeto de investigaciones por corrupción, se negó a evaluar su nivel de riesgo. Mientras tanto, algunos periodistas afines al gobierno han afirmado que Mancera está "negociando su sometimiento" con la justicia de Estados Unidos a cambio de información sobre miembros de la Fiscalía.

El Centro Jurídico de Derechos Humanos ha solicitado a las autoridades colombianas que se realicen las investigaciones pertinentes y que se garantice la seguridad de Mancera, quien actualmente no cuenta con protección ni recursos para vigilancia privada.