"El intendente Pablo Grasso pretende detener la obra de gasoducto en el Barrio 22 de Septiembre y le exige a la empresa una suma millonaria para autorizar el zanjeo", señaló De la Torre, calificando la medida como una "traba innecesaria" que atenta contra el acceso a un servicio básico.

¿Un impuesto inédito?

El titular de Distrigas cuestionó además el antecedente de esta decisión y planteó un interrogante central: "Nunca antes se había cobrado un impuesto de estas características en obras de gasoducto. ¿Por qué ahora? ¿Cuál es el objetivo real de frenar una infraestructura vital para los vecinos?", expresó.

De la Torre señaló que la exigencia resulta aún más injustificada si se observa la situación actual del barrio:

"Ni siquiera pasa el camión recolector de basura y las calles no está

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