El Gobierno de Dina Boluarte volvió a confrontar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tras la resolución emitida el 5 de septiembre, en la que el tribunal ratificó que la Ley N.º 32419 —que concede amnistía a militares y policías procesados o sentenciados por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000— carece de validez y no puede ser aplicada.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo calificó de “inaceptable” la decisión del tribunal internacional y reiteró que el Perú “seguirá evaluando su permanencia” en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). El pronunciamiento insiste en cuestionar la competencia de la Corte IDH y sostiene que esta no puede intervenir mientras no se agoten los recursos en la jurisdicción interna, reduciendo así su rol

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