Diez funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) han interpuesto un recurso de protección tras ser sancionados por negarse a abordar un avión Hércules con fallas técnicas. Según el documento presentado ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, los aviadores fueron castigados de manera injusta y sus nombres fueron añadidos a la lista de retiros que se hará efectiva el 30 de septiembre.

El recurso, al que tuvo acceso BBCL Investiga, argumenta que las sanciones son "ilegales y arbitrarias". Los funcionarios sostienen que fueron castigados tres veces por el mismo hecho y que se creó una "comisión especial" que no se ajusta a la normativa interna. Además, se quejan de que se les ocultó información sobre los procesos disciplinarios.

La misiva señala directamente a Andrés Leiva Divasto, comandante del Comando de Personal de la FACh, como responsable de la desvinculación de los diez funcionarios sin las garantías adecuadas. Se alega que la decisión fue tomada en una "junta secreta", cuyos miembros son desconocidos para los afectados.

Los problemas comenzaron el 15 de diciembre de 2024, durante la operación Glaciar Unión. Técnicos y pilotos habían presentado informes sobre discrepancias en los indicadores de combustible del avión C-130, un problema que ya había causado un accidente en 2019. A pesar de las advertencias, el oficial a cargo insistió en que debían volar, lo que llevó a los funcionarios a negarse.

Entre los sancionados se encuentran un sargento con más de 22 años de servicio y un cabo con 16 años de experiencia. A pesar de su negativa a volar, los funcionarios continuaron en "servicio activo". Sin embargo, el 3 de julio de este año, una "junta especial" presidida por Leiva decidió rebajarles las notas y expulsarlos.

El recurso detalla que el 17 de julio de 2025, una nueva junta secreta mantuvo la decisión de incluir a los diez en la lista de retiros, sin ofrecer fundamentos. Los denunciantes han intentado obtener información sobre la identidad de los miembros de esta junta y el proceso que llevó a su expulsión, pero sus solicitudes han sido ignoradas.

El abogado de los funcionarios, Rafael Harvey, ha señalado que las respuestas recibidas han sido "groseras" y que no se ha proporcionado información clara sobre la decisión. Los denunciantes buscan que se anulen las resoluciones y se detenga su retiro de la FACh.