El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron hoy en la Casa Rosada con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta es la primera reunión del equipo económico tras la reciente derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires.

El BID ha sido un apoyo clave para Argentina, respaldando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmado en abril. Este organismo ha prometido desembolsar aproximadamente 3.000 millones de dólares este año y un total de 10.000 millones hasta 2028.

A finales de agosto, enviados del BID se reunieron con el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, para discutir el plan de financiamiento aprobado a mitad de año, que contempla 10.000 millones de dólares en tres años, con 3.000 millones a desembolsarse a lo largo de 2025.

El BID ha expresado su apoyo al plan económico del Gobierno argentino, aunque ha alertado sobre la fragilidad de las reservas y la falta de apoyo político para implementar reformas en el Congreso. En un comunicado, el organismo informó que su directorio aprobó una "hoja de ruta" en colaboración con el Gobierno argentino para consolidar la transformación del país y fortalecer un modelo de desarrollo sostenible.

Los fondos del BID se destinarán a tres áreas principales: reformas fiscales y mejora de la administración tributaria, medidas para liberalizar la economía y programas para reducir la pobreza. Sin embargo, el BID también ha señalado que persisten dificultades estructurales, como una tasa de indigencia del 18,1% y más de la mitad de los niños de 0 a 14 años viviendo en situación de pobreza.

El informe del BID destaca la importancia de la estabilidad macroeconómica como un objetivo primordial para el Gobierno, que busca mantener el equilibrio fiscal. Además, el organismo ha identificado desafíos significativos para el desarrollo del país, incluyendo la estabilidad económica, la equidad social y el impulso al sector privado.

El BID se comprometió a apoyar los esfuerzos del Gobierno argentino para mejorar la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del sistema tributario, enfocándose en reducir la dependencia de impuestos distorsivos y eliminar exenciones que limitan la recaudación.

El informe también advierte sobre riesgos relevantes para la economía argentina, incluyendo la fragilidad de la liquidez externa y la falta de mayorías legislativas que podrían retrasar la aprobación de reformas clave. Asimismo, se menciona la posibilidad de "fatiga social" ante medidas de ajuste y la vulnerabilidad a choques externos que puedan afectar las condiciones económicas del país.