El reciente peritaje del Ministerio Público ha confirmado la autenticidad de un audio en el que el capitán de la Policía Nacional del Perú, Junior Izquierdo, conocido como "Culebra", conversa con el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. A pesar de las reiteradas negaciones de Santiváñez sobre la veracidad de su voz en la grabación, los peritos han establecido "con alta probabilidad" que efectivamente es él quien habla en el audio, que fue grabado en un chifa de San Borja en mayo de 2024.

Este hallazgo representa un avance significativo en las investigaciones del Ministerio Público, que ya había solicitado a Santiváñez que se presentara para la toma de muestras de voz en febrero, a lo que el ministro no acudió. La situación se complica aún más para el gobierno de Dina Boluarte, ya que la permanencia de Santiváñez en su cargo se ha convertido en un lastre político.

Los abogados penalistas César Nakasaki, Romy Chang y Julio Rodríguez han comentado que este peritaje es un paso importante en las investigaciones contra el ministro, quien actualmente goza de protección por su cargo. Santiváñez, desde Suiza, ha anunciado que impugnará el informe del Ministerio Público, argumentando que su contenido contradice las conclusiones que afirman que no se puede acreditar que es su voz. Además, ha indicado que presentará un peritaje de parte que desestimará las conclusiones del informe oficial.

El audio en cuestión incluye afirmaciones de Santiváñez sobre la presidenta Boluarte, quien supuestamente le pidió desactivar la Diviac, la división policial que participó en el allanamiento de su domicilio en marzo del año pasado. También se menciona el uso del vehículo presidencial por parte de Vladimir Cerrón, un prófugo de la justicia, y una advertencia del comandante general de la Policía a Santiváñez sobre el allanamiento a su residencia.

Carlos Basombrío, analista y exministro del Interior, ha señalado que la revelación del peritaje debería haber llevado a la destitución inmediata de Santiváñez. Sin embargo, considera que, dado el bajo nivel de aprobación del gobierno, es poco probable que se tomen medidas en su contra. Por su parte, el congresista Roberto Chiabra ha advertido que la permanencia del ministro podría poner en riesgo la estabilidad del gobierno.

Los expertos legales han destacado que el peritaje, aunque no concluyente, fortalece la cadena de pruebas en las investigaciones. Romy Chang ha indicado que las conversaciones podrían evidenciar la posible comisión de delitos, como tráfico de influencias y corrupción de funcionarios. Sin embargo, Julio Rodríguez ha advertido que el peritaje no es suficiente para determinar responsabilidades penales, ya que se requiere un grado de certeza más allá de la probabilidad.

Mientras tanto, Santiváñez continúa su viaje en Ginebra, donde permanecerá hasta el 11 de octubre, gracias a un permiso del Poder Judicial, a pesar de enfrentar un impedimento de salida del país de 18 meses.