Begoña Gómez ha explicado este miércoles ante el juez que la investiga, Juan Carlos Peinado, que su imputación por malversación de caudales públicos responde únicamente a que le pidió un “favor” a la persona contratada como su asistente en ocasiones excepcionales, informan fuentes jurídicas. Ante el juez, la mujer del presidente del Gobierno ha asegurado que la asesora Cristina Álvarez siempre se ha dedicado a las labores encomendadas, entre las que se encuentra la gestión de su agenda y de su equipo de seguridad, y ha enmarcado en un favor los dos correos que la asistente envió en su nombre en 2021 a directivas de Reale, aseguradora que financiaba la cátedra dirigía en la Universidad Complutense.

En agosto, el magistrado se amparó en el aval que la  Audiencia de Madrid  dio el pasado junio su investigación sobre un presunto delito de malversación para seguir adelante con las pesquisas y citar por primera vez a Begoña Gómez para responder por estos hechos. Begoña Gómez ya figuraba como imputada por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida en las distintas ramificaciones del caso.

Peinado ya investigaba desde enero si la Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, participó en una malversación de fondos públicos al enviar dos correos electrónicos de parte de Begoña Gómez, lo que excedería las funciones de su cargo, según el juez. Respecto a la asesora, que ya declaró por estos hechos, el juez afirmó que “no se alcanza a percibir en qué medida” la asistente había podido malversar dinero público “por desarrollar el trabajo que se le viene encomendando y percibir la cantidad que tiene asignada”.

La defensa de Begoña Gómez alega que en dos años de instrucción no ha aparecido ni un solo indicio de que Begoña Gómez participara en un delito de tráfico de influencias por firmar dos cartas, en nombre de la cátedra que dirigía. Las cartas, alega, son habituales en los procesos de contratación pública de carácter tecnológico. Lo que recomienda, continúa esta tesis, es el programa, al tiempo que trasladan la voluntad de colaborar en la aplicación de éste, pero no se trata de primar a un ofertante sobre otro. En este sentido, alegan otras instituciones firmaron cartas idénticas.

En consecuencia, si Begoña Gómez no participó en el tráfico de influencias difícilmente podría haber malversado fondos públicos para obtener tal fin.

Apropiación indebida de marcas. El término Transformación Social Competitiva fue elegido personalmente por Gómez, proponiéndoselo a la Complutense para que fura utlizado en la cátedra y alguno de los másteres que impartía. Pero es que tampoco registró el término en Propiedad Intelecutal. Se limitó a hacerlo con el logo para que no fuera utilizado indebidamente, siguiendo instrucciones de la propia universidad que constan en la causa. Para que haya apropiación indebida la marca debe estar previamente registrada.