Laura Albornoz, vocera de la campaña de Jeannette Jara, también ocupa un puesto en el directorio de Desarrollo País, una empresa estatal donde recibe una dieta mensual de aproximadamente 2 millones de pesos. Esta información fue revelada por BBCL Investiga. Albornoz, quien fue titular del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) durante la primera administración de Michelle Bachelet, fue nombrada en enero de este año por el presidente Gabriel Boric.

Desarrollo País, creada por ley en 2018 bajo el nombre oficial de Fondo de Infraestructura S.A., tiene como objetivo promover alianzas público-privadas para el desarrollo de infraestructura en el país. La vacante para el puesto de director fue anunciada en la web del Servicio Civil en julio de 2024, con una remuneración de 2 millones de pesos por asistencia a sesión de directorio y 700 mil pesos adicionales por comité de directores, con un límite de un pago por sesión al mes. Albornoz postuló, fue seleccionada por el Consejo de Alta Dirección Pública y nombrada por el presidente Boric en enero.

El nombramiento de Albornoz ha generado controversia, especialmente en medio de las críticas de la oposición que piden su renuncia al directorio de ENAP, donde también fue nombrada por Boric y recibió cerca de 3,8 millones de pesos mensuales el año pasado. El ministro de Energía, Diego Pardow, defendió la legalidad de su nombramiento, afirmando: "No hay una incompatibilidad legal. Ella es directora independiente, su nombramiento se realiza a través del Sistema de Alta Dirección Pública, no es discrecional del Presidente de la República".

La situación ha sido analizada por el Gobierno, que sostiene que no hay incompatibilidad legal. Fuentes cercanas a La Moneda indicaron que se realizó un análisis jurídico de la situación, "al margen del debate político".

Desde el entorno de Albornoz, se critican los cuestionamientos a su labor. Aseguran que su participación en la campaña no afecta su desempeño en las empresas estatales. Destacan su trayectoria política desde la adolescencia y su formación académica, que incluye un doctorado en derecho civil de la Universidad de Sevilla. Además, enfatizan que sus nombramientos están justificados por su experiencia y el proceso que la llevó a ocupar ambos cargos. "Todos tienen el derecho constitucional a tener una opinión política", concluyen.