La Cámara Nacional Electoral (CNE) ha revocado la resolución que permitía a la alianza "Fuerza Patria San Luis" participar en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Esta decisión se tomó tras una apelación del Frente Justicialista, que argumentó que el nombre de la alianza podría confundir a los votantes.

El caso comenzó cuando una jueza federal en San Luis reconoció a la alianza, compuesta por el Partido Comunista, el Partido de la Victoria y el Frente para la Victoria, como una agrupación transitoria para las elecciones. Sin embargo, los apoderados del Frente Justicialista, Emilio Groezinger e Iván Cali Velasco, presentaron una apelación. Ellos señalaron que el nombre "Fuerza Patria" se utiliza en varias alianzas en diferentes provincias, lo que podría llevar a confusiones en el electorado.

"En la sociedad actual reina la hipercomunicación a partir del avance de las nuevas tecnologías", advirtieron los apelantes. Afirmaron que permitir el uso de ese nombre podría resultar en que algunos votantes emitan su voto por error, afectando así la expresión genuina de su voluntad.

Los jueces de la CNE, Daniel Bejas y Santiago Corcuera, recordaron que la ley 23.298 busca evitar confusiones en la identificación de partidos y alianzas. En su análisis, destacaron que la decisión inicial no consideraba el impacto de las nuevas tecnologías en la difusión de información.

"Decidir sobre la base de un criterio diferente importaría desconocer la realidad actual", afirmaron los magistrados. También subrayaron la importancia de las redes sociales y plataformas digitales en las campañas electorales contemporáneas.

Los jueces citaron el libro de Jamie Bartlett, "The People vs Tech", para ilustrar cómo la tecnología digital desafía los modelos tradicionales de comunicación. Además, mencionaron el Reglamento de la Unión Europea sobre publicidad política, que destaca la capacidad de difusión de información a través de múltiples canales.

Finalmente, la CNE concluyó que el nombre de la alianza podría provocar confusión en el electorado y decidió revocar la resolución anterior. El fiscal también coincidió con esta interpretación, advirtiendo que no acoger la apelación podría poner en riesgo la representación política.

La Cámara Nacional Electoral comunicará su decisión al juzgado de origen y a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.