El Gobierno ha confirmado que en 2023 las arcas públicas dejaron de recibir 717 millones de euros debido a las deducciones fiscales para propietarios que alquilan sus viviendas como residencia habitual. Esta cifra fue revelada en una respuesta oficial enviada al Congreso, en la que se detalla que el importe corresponde únicamente a las reducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) bajo la normativa vigente.

La información fue solicitada por el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, quien preguntó sobre el impacto económico de estas deducciones. Según la memoria anual de beneficios fiscales que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado, la estimación de 717 millones de euros se refiere exclusivamente a la reducción sobre los beneficios netos obtenidos por el alquiler de viviendas destinadas a residencia principal.

Los propietarios pueden beneficiarse de una deducción general del 50% en el IRPF al formalizar contratos de arrendamiento para uso habitual del inquilino. Esta medida busca fomentar la oferta en el mercado de alquiler. La Ley de Vivienda de 2023 introdujo cambios que permiten aumentar la deducción hasta el 90% bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si el arrendador firma un nuevo contrato en una “zona de mercado residencial tensionado” y establece un precio al menos un 5% inferior al anterior, puede acceder a la máxima bonificación.

Además, se contemplan reducciones del 70% para alquileres a personas de entre 18 y 35 años en zonas tensionadas, siempre que el precio no haya disminuido respecto al contrato anterior. Si la vivienda ha sido rehabilitada en los dos años previos al contrato, la rebaja fiscal puede alcanzar el 60%. Para otros casos, la deducción básica se mantiene en el 50%.

El debate sobre estos “privilegios fiscales” ha cobrado fuerza tras la pregunta de Ibáñez, quien argumenta que estos incentivos podrían desviar la intención de aumentar la disponibilidad de vivienda para residencia habitual, al fomentar la compra de inmuebles con fines especulativos. La respuesta del Gobierno se limitó a los datos de la memoria anual y no incluyó una valoración política sobre el futuro de estas deducciones.

El documento oficial confirma que el beneficio fiscal por arrendamiento de vivienda habitual en el IRPF de 2023 se estimó en 717 millones de euros. Esta información se conoce cuatro meses después de la consulta formal, lo que permite evaluar el impacto de la política fiscal en el mercado de alquiler residencial.