El Tribunal Constitucional ha tomado una decisión que deja vía libre judicial para derribar el complejo extremeño de Valdecañas . Los magistrados, por unanimidad de conservadores y progresistas del pleno, han rechazado el recurso que la Junta de Extremadura presentó contra las decisiones del Tribunal Supremo que exigían la demolición de este complejo que tiene casi 200 villas, un hotel y un campo de golf. El tribunal de garantías todavía tiene pendientes más recursos, por ejemplo los presentados por los propietarios de la Isla, y está por ver el efecto de la nueva normativa autonómica con la que la Junta pretende salvar al complejo del derribo definitivo.

El pleno ha analizado este martes el recurso del ejecutivo extremeño y ha entendido que debe ser rechazado de plano. Un recurso que, junto con otros presentados y todavía pendientes de sentencia, cuestionaba las decisiones del Tribunal Supremo de 2022 que implicaban la demolición del complejo. Hace tres años, el tribunal dictó la sentencia de muerte del complejo levantado en medio del pantano y en una Zona de Especial Protección de Aves: “Deberán ser demolidas como el resto de las obras e instalaciones cuya demolición determinaba el propio auto de ejecución”, dijo entonces el Supremo.

El constitucional avala ahora esos autos y sentencias, lo que en la práctica da vía libre judicial a ejecutar las decisiones del Supremo y poner en marcha la demolición, pero fuentes jurídicas alertan de dos factores que pueden obstaculizar ese derribo: todavía hay más recursos por resolver y, además, Extremadura ha sacado adelante en los últimos años nuevas normas autonómicas cuya misión es salvar, precisamente, estas villas de la destrucción.

La primera medida de la Junta fue una ley ad hoc para legalizar el resort y actualmente el ejecutivo extremeño ha sacado ese terreno de la Zona de Protección de Aves mediante un decreto . El argumento utilizado es que se ha recalculado (gracias a los avances tecnológicos, se arguye) que esa isla no es inundable, que el agua del embalse en la que descansa nunca llegará tan arriba, y eso le quita su valor ecológico.

La Junta de Extremadura alegaba, entre otros argumentos, la vulneración de su derecho a tener un juez imparcial o que el Supremo se había extralimitado al resolver el caso. El Constitucional, con Enrique Arnaldo como ponente, rechaza todas estas quejas. Las resoluciones del Supremo que allanaron el camino a la demolición son “coherentes con la obligación de restitución urbanística de los terrenos a su estado previo a la construcción del complejo”.

En un comunicado, los propietarios de Isla de Valdecañas recuerdan que todavía quedan varios recursos por resolver, entre ellos el suyo propio, y que actuaron “de buena fe”, anunciando que defenderan “hasta el final” la legalidad de sus casas. “Respetamos la decisión tomada por el pleno, pero no la compartimos”, añaden para anunciar que, cuando sea resuelto su recurso, estudiarán la posibilida de “interponer los recursos pertinentes”.