El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de Perú ha decidido cerrar, al menos temporalmente, la puerta al megaproyecto minero Conga, que ha estado paralizado durante más de una década debido a la fuerte conflictividad social en Cajamarca. El ministro Jorge Montero anunció en Arequipa, durante el evento PERUMIN 37, que Conga "no está en la agenda del Gobierno" y que su desarrollo está descartado por el momento.

Conga fue concebido como una extensión de la mina Yanacocha, operada por la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura, con la participación de la Corporación Financiera Internacional. Este proyecto, ubicado a más de 3.700 metros de altura en Cajamarca, tenía como objetivo extraer oro y cobre con una inversión cercana a los 4.800 millones de dólares. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado en 2010, durante el gobierno de Alan García, y se esperaba que generara importantes ingresos tributarios y canon para la región.

Según el EIA, se estimaba que Conga generaría alrededor de 800 millones de dólares en tributos al Estado en los primeros cinco años de operación, y que Cajamarca recibiría aproximadamente 250 millones de dólares en canon minero en ese mismo período. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando el entonces candidato presidencial Ollanta Humala defendió la prioridad del agua sobre el oro, lo que generó expectativas en la población de Cajamarca. Una vez en el poder, Humala respaldó el proyecto, lo que fue percibido como una traición a sus promesas electorales.

Las comunidades campesinas y organizaciones sociales comenzaron a oponerse al desarrollo del proyecto, argumentando que Conga afectaría las lagunas y cabeceras de cuenca que abastecen de agua a la región. El EIA indicaba que el proyecto impactaría directamente no solo las lagunas, sino también 682 manantiales, 102 fuentes de agua para consumo humano y 18 canales de riego. La aprobación del EIA se realizó en un tiempo récord de 10 meses y sin un estudio hidrogeológico completo, lo que generó desconfianza.

Las protestas comenzaron en noviembre de 2011, con huelgas regionales y bloqueos bajo la consigna "¡Conga no va!". La respuesta del Gobierno fue represiva, intensificando el conflicto. En julio de 2012, cinco manifestantes murieron durante las protestas en Celendín y Bambamarca, y más de 300 defensores ambientales fueron procesados. En este contexto, la figura de Máxima Acuña, una campesina de Sorochuco, se volvió relevante. Acuña había adquirido un terreno en 1994, pero la empresa Yanacocha sostenía que la propiedad formaba parte de sus concesiones, lo que derivó en procesos judiciales.

A pesar de los intentos del gobierno por encargar peritajes y de la empresa por reforzar medidas ambientales, la oposición nunca cedió. En noviembre de 2012, la empresa anunció la suspensión del proyecto hasta que existieran "condiciones sociales favorables". Desde entonces, Conga permanece detenido y se recuerda como uno de los conflictos socioambientales más emblemáticos del Perú.