La promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad , destinada a garantizar el acceso inmediato a servicios y prestaciones esenciales para personas con discapacidad, generó polémica por la falta de claridad en su implementación y financiamiento .

Desde el gobierno señalaron que no ejecutarán la ley hasta que el Congreso indique de dónde se obtendrán los recursos necesarios para hacerla efectiva.

Asociaciones del sector y profesionales del derecho alertan que, aunque la norma declara una emergencia , aún no se definieron los mecanismos concretos para asegurar los recursos necesarios , lo que retrasa la aplicación efectiva de los derechos que establece la ley.

Discapacidad: para organizaciones de Santa Fe, lo dispuesto por el gobierno es "una maniobra de dilación"

La aboga

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