Por Rafael Briceño

C HETUMAL, MX.- Tras reiterar la exigencia de ser indemnizados conforme a la ley por la expropiación de tierras que ocupan las zonas arqueológicas de Dzibanché y Kinichná, la comisariada ejidal de Morocoy, Sonia Méndez Lile, lamentó la decisión del Tribunal Unitario Agrario de posponer dos meses más la audiencia de desahogo de pruebas en la demanda interpuesta contra el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la restitución de 300 hectáreas afectadas y el pago de indemnización.

Acompañada de ejidatarios de la localidad, quienes repasaban los últimos detalles de la audiencia prevista para este jueves 25 de septiembre para el desahogo de pruebas, recibieron la notificación del actuario de la dependencia federal sobre el diferimiento de la audiencia.

Recordó que la superficie que ocupan las dos zonas arqueológicas fueron expropiadas por el gobierno federal sin una asamblea formal y sin el pago de la indemnización correspondiente lo que afecta a poco más de 271 ejidatarios. Además, señaló que, en un principio, el gobierno federal a través del INAH dijo que solo serían 100 hectáreas, pero en la realidad fueron afectadas unas 300 hectáreas “pero el ejido Morocoy está en pie de lucha demandando un acta de asamblea inexistente”.

Dijo que, desafortunadamente, no han tenido respuesta a sus demandas y el delegado del INAH en Quintana Roo, Margarito Molina simplemente responde que tiene otros datos. En años pasados tuvimos varias reuniones con el delegado del INAH, pero dice que tiene otros datos y salen perjudicadas 300 hectáreas de 5 mil 950 hectáreas que fueron entregadas al ejido en 1970 y que fueron delimitadas en 1980.

Lo único que pedimos a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora, Mara Lezama, es que se haga justicia social y se cumpla con la indemnización y las zonas arqueológicas sean declaradas patrimonio de la humanidad con todos los beneficios que eso conlleva. ( Noticaribe )