La situación del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, se complica con la presentación de una moción de censura en su contra, impulsada por la congresista Susel Paredes. La moción, que cuenta con el respaldo de 35 parlamentarios, se basa en la falta de "idoneidad, confianza y probidad" del ministro para liderar su sector. Paredes afirmó que "es un clamor popular que se vaya Santiváñez" y aseguró que el retiro de una firma no afectará el proceso, ya que se han reunido más de las firmas necesarias para continuar con la moción.

El debate sobre esta moción se programará para el primer pleno de octubre, tras la semana de representación parlamentaria. Sin embargo, la bancada de Fuerza Popular, a través de su vocera alterna Rosangella Barbarán, aún no ha definido su posición sobre la censura. Barbarán sugirió que el proceso adecuado sería una interpelación antes de considerar la censura, de acuerdo con la normativa del Congreso.

Por su parte, el primer ministro Eduardo Arana evitó pronunciarse sobre la posible censura, pero cuestionó a la prensa por la cobertura de la situación. Arana defendió a Santiváñez, señalando que las acciones reactivas pueden criminalizar a un funcionario sin pruebas concretas. "Es importante recordar que todos los funcionarios públicos están sometidos al control político de los poderes del Estado", afirmó.

La controversia se intensifica tras la difusión de audios que involucran a Arana y Santiváñez en un presunto favorecimiento a un criminal. En este contexto, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, advirtió que la alta rotación de ministros puede perjudicar los programas del Estado. La situación de Santiváñez sigue siendo un tema candente en el Congreso, con la moción de censura a la vista.