Jmes Comey ha sido imputado este jueves por mentir al Congreso de EEUU en una causa penal avalada por un gran jurado que se presentó días después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, instara a su fiscal general, Pam Bondi, a procesar al exdirector del FBI en época de Barak Obama y a otros supuestos rivales políticos.

La acusación convierte a Comey en el primer exfuncionario de alto rango procesado que ha tenido que ver con uno de los principales agravios de Trump: la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Trump ha ridiculizado durante años dicha investigación, calificándola de “engaño” y “caza de brujas”, a pesar de múltiples evaluaciones gubernamentales que demuestran que Moscú interfirió a favor de la campaña del republicano.

Trump ha aplaudido este jueves, como era de esperar, la acusación contra Comey como “¡JUSTICIA PARA ESTADOS UNIDOS!”.

La fiscal general Pam Bondi, leal a Trump, y el director del FBI, Kash Patel, un histórico crítico de la investigación sobre Rusia, emitieron declaraciones similares. “Nadie está por encima de la ley”, dijo Bondi.

La causa penal es una muestra más de que el Departamento de Justicia actual, bajo la dirección de Bondi, esté siendo utilizado por la Casa Blanca como un arma para investigar y procesar a figuras públicas que el presidente considera sus enemigos políticos.

La causa se presentó en un momento en que la Casa Blanca está ejerciendo una influencia sin precedentes en las operaciones del Departamento de Justicia.

“No podemos demorarnos más, está destruyendo nuestra reputación y credibilidad”, escribió Trump, haciendo referencia a que él mismo había sido acusado y enjuiciado en múltiples ocasiones. “¡¡¡HAY QUE HACER JUSTICIA, YA!!!”

La oficina que presentó la causa contra Comey, el Distrito Este de Virginia, se vio sumida en el caos la semana pasada tras la renuncia del fiscal jefe, Erik Siebert, quien no había acusado a Comey y se había enfrentado a presiones para presentar cargos contra otra persona en la diana de Trump, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en una investigación de fraude hipotecario.

Al día siguiente de la dimisión de Siebert, Trump lamentó en una publicación en Truth Social dirigida al fiscal general que las investigaciones del departamento no hubieran dado lugar a procesamientos, y nombró como nueva fiscal federal a Lindsey Halligan, una asesora de la Casa Blanca que había sido una de las abogadas personales de Trump, si bien carecía de la experiencia en la fiscalía federal que suele acompañar la responsabilidad de dirigir una de las oficinas más prestigiosas del Departamento de Justicia.

Halligan se apresuró a presentar el caso ante un gran jurado esta semana.

Los fiscales que evaluaban si Comey mintió al Congreso durante su testimonio el 30 de septiembre de 2020 tenían hasta el martes para presentar la demanda antes de que prescribiera el plazo de cinco años. El impulso para avanzar se produjo incluso cuando los fiscales de la oficina habían detallado en un memorando sus dudas por la búsqueda de una acusación formal.

La acusación formal, compuesta por dos cargos, consiste en acusar a Comey de hacer una declaración falsa y obstruir un procedimiento del Congreso de EEUU, informa The Associated Press . El abogado de Comey no ha hecho comentarios.

Trump ha criticado durante años tanto la conclusión a la que llegaron las agencias de inteligencia estadounidenses de que Rusia lo prefirió a la demócrata Hillary Clinton en las elecciones de 2016, como la investigación criminal que intentó determinar si su campaña conspiró con Moscú para influir en el resultado de esa contienda.

Los fiscales, encabezados por el fiscal especial Robert Mueller, no establecieron que Trump o sus asesores se confabularan con Rusia, pero sí concluyeron que la campaña de Trump había aceptado la ayuda de Moscú.

Trump se ha aprovechado del hecho de que la investigación de Mueller no concluyó que la campaña de Trump y el Kremlin se confabularan, y de que el FBI cometió errores y omisiones significativos en las solicitudes de intervención telefónica, para justificar su defensa.

Una investigación de un año sobre posibles irregularidades durante la investigación sobre Rusia fue realizada por otro fiscal especial, John Durham. Esto dio lugar a tres causas penales, una contra un abogado del FBI, pero no contra altos funcionarios del gobierno.

La causa penal contra Comey, sin embargo, no se refiere al contenido de la investigación sobre Rusia, sino que se le acusa de haber mentido al Congreso.

La acusación se produce en el contexto de un intento de la administración Trump de presentar la investigación sobre Rusia como el resultado de un empeño, bajo la presidencia de Barack Obama, de exagerar la interferencia de Moscú en las elecciones y socavar la legitimidad de la victoria de Trump.

Dirigentes de la Administración Trump, como el director de la CIA, John Ratcliffe, y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, han desclasificado una serie de documentos destinados a socavar la solidez de una evaluación de inteligencia de la era Obama, publicada en enero de 2017, que afirmaba que Moscú había participado en una amplia campaña de interferencia bajo la dirección del presidente ruso, Vladímir Putin.

Comey, un alto funcionario del Departamento de Justicia durante la administración del presidente republicano George W. Bush, fue elegido por Obama para dirigir el FBI en 2013 y era su director cuando el FBI abrió la investigación sobre Rusia en el verano de 2016.

La relación de Comey con Trump fue tensa desde el principio y se agravó cuando Comey se resistió a una petición de Trump, durante una cena privada en la Casa Blanca, de que le jurara lealtad personal al presidente. Esta propuesta inquietó tanto al director del FBI que la documentó en un informe de entonces.

Trump despidió a Comey en mayo de 2017, una acción que posteriormente fue investigada por Mueller por posible obstrucción a la justicia.

Tras su despido, Comey autorizó a un amigo cercano a compartir con un periodista el contenido de un memorando no clasificado que documentaba una solicitud de Trump desde el Despacho Oval para cerrar una investigación del FBI sobre su primer asesor de seguridad nacional, Michael Flynn.

Posteriormente, Trump y sus aliados tildaron a Comey de filtrador, y el presidente incluso lo acusó de traición. El propio Comey ha calificado a Trump de “egoísta” y lo ha comparado con un capo de la mafia.

Durante el primer mandato de Trump, el Departamento de Justicia se negó a procesar a Comey por la gestión de sus memorandos. El inspector general del departamento emitió un informe muy crítico en 2019 que afirmaba que Comey había violado las políticas del FBI, incluyendo no devolver los documentos al FBI tras su despido y compartirlos con sus abogados personales sin autorización del FBI.

A principios de este año, el departamento de Justicia despidió a la hija de Comey, Maurene Comey, de su puesto como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York: Maurene Comey ha presentado una demanda, alegando que el despido se llevó a cabo sin ninguna explicación y por motivos políticos.