Personas servidores públicas como juezas, fiscales, policías o defensoras públicas enfrentarán penas de hasta 16 años de prisión si con sus actos se condena a un inocente.

Las penas podrían alcanzar hasta 24 años si estos actos los comete una o un abogado defensor, y si se dicta una sentencia condenatoria contra una persona inocente.

Por considerar que hay agentes del ministerio público, así como personas peritas, policías de investigación y juzgadoras que incurren en falsificación, alteración o manipulación de pruebas en el ámbito judicial, el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) propuso una reforma para tipificar estos actos como delito autónomo, así como establecer penas más severas cuando estas conductas sean cometidas por personas servidoras públicas.

El legislador propuso pen

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