El caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que fueron apañados por la Policía Municipal de Iguala a orden directa del alcalde José Luis Abarca llegó a los once años con mayores enredos de los que entregó el procurador Jesús Murillo Karam como verdad histórica que nadie aceptó pero que tampoco nadie ha podido presentar una indagatoria alternativa con criterio judicial.

Todo se ha reducido a encontrar al responsable que dio la orden –que se supone así ocurrió, pero que no se haya podido probar– de desaparecer a los estudiantes en hogueras especiales. El responsable de haber acreditado la responsabilidad del Estado en la desaparición y presunta muerte de los estudiantes tiró el arpa y se fue a trabajar al Estado, con un salario verdaderamente envidiable: el abog

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