Sumar quiere extender el ámbito de aplicación del embargo de armas a Israel que el Gobierno aprobó este martes. Por ello, acaba de registrar una proposición de ley para que los puertos españoles puedan inspeccionar el interior y la carga de los buques que pasen por España y que tengan como origen o destino países sospechosos de estar cometiendo un genocidio o crímenes de guerra.

El texto que ha presentado el grupo plurinacional añade una disposición adicional a la ley de Puertos del Estado y Marina Mercante para crear un “protocolo de inspección” de buques que provengan o que tengan como destino “Estados sobre los que recaiga indicios o sospecha de perpetración de delito de genocidio o crímenes de guerra”. También aquellos sobre los que se hayan dictado medidas cautelares, sentencia firme u otro tipo de resoluciones por parte de tribunales nacionales o internacionales, “así como cuando el buque porte carga destinada a estos Estados”.

“Desde que comenzó la campaña de Israel, primero con crímenes de guerra que luego han derivado en un auténtico genocidio, Izquierda Unida y otros colectivos nos hemos estado aplicando para impedir el tránsito de esas armas en cumplimiento con la Corte Internacional de Justicia”, ha defendido al presentar la iniciativa el portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago.

El dirigente ha recordado que la CIJ emitió en 2024 una prohibición de envío de cualquier tipo de materiales que pduieran servir para cometer estos crímenes a Israel y también que esos materiales se pusieran a su disposición “para ser considerados como pruebas”. Santiago ha añadido que gracias a esa presión han conseguido en los últimos meses que las autoridades españolas denegaran el tránsito a barcos con destino a Israel para atracar en puertos españoles, aunque ha reconocido que con la legislación vigente contaban con pocos mecanismos para forzar las inspecciones.

Con esta ley, ha explicado, se establece la base legal sobre la que se deben hacer estas inspecciones y el procedimiento para que los cuerpos de inspección puedan actuar por mandato del Ministerio de Transportes, para que “cuando existan sospechas puedan realizar la inspección, retener esos buques y que estos materiales quedan depositados a disposición de la CIJ, de la Corte Penal Internacional o a disposición de las autoridades de cualquier lugar del mundo que haya advertido sobre la comisión de estos graves crímenes”.

No se trata de una norma exclusiva para Israel, sino que su aplicación serviría para cualquier país sospechoso de estar cometiendo estos crímenes. No obstante, de aprobarse, se aplicaría con efecto inmediato al país de Benjamín Netanyahu. “No se trata solo de complementar el real decreto [de embargo a Israel] sino que también es imprescindible desarrollar normas que ya existían [...] pero carecíamos de procedimiento práctico para hacerlo. Se soluciona este problema y se amplían las competencias de los cuerpos de inspección de buques”, ha sostenido Santiago en una rueda de prensa este viernes.

“Quiero hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que no haya problemas en la convalidación del real decreto y también que este real decreto debemos aprovechar la tramitación parlamentaria como proyecto de ley para mejorarlo”, ha pedido también el portavoz de IU.