La Cámara de Diputados recibió una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en la que se establece una sanción de hasta ocho años de prisión por la adquisición, almacenamiento y venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores.

La reforma, que plantea modificaciones a la Ley General de Salud, establece una pena de entre uno y ocho años de prisión por la “adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos y vapeadores”.

La misma sanción se aplicará a quienes realicen actos de publicidad o propaganda para que se consuman cigarrillos electrónicos y vapeadores.

Además de enfrentar penas

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