La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha publicado este viernes una actualización de su lista de empresas que operan en asentamientos ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada, con 68 nuevas firmas, entre ellas cuatro españolas.

Se trata de Actividades de Construcción y Servicios (ACS), propiedad de Florentino Pérez , su filial Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI), Construcciones y Auxiliar de ferrocarriles (CAF) y la pública Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) . La ingeniera mantiene actividad en Israel desde 2005 y colabora técnicamente en proyectos de transporte de uso civil.

Preguntada al respecto –tras las medidas de presión anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre el de Benjamin Netanyahu–, Ineco ha asegurado que “se ciñe” al cumplimiento estricto de los acuerdos contractuales de desarrollo y terminación de los proyectos en curso que tiene en Israel, si bien ya ha renunciado a participar en todas las nuevas oportunidades y pedidos de la Administración y empresas de aquel país.

La decisión, explica, es fruto de la “revisión en profundidad” de su estrategia en el país tras la escalada de violencia ejercida por el Estado de Israel en la franja de Gaza a partir de los atentados de octubre de 2023.

Fuentes de la compañía señalan, no obstante, que “evaluaran jurídicamente si los contratos antiguos se pueden cancelar”.

Ineco depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y sus acciones son propiedad de otras entidades públicas del sector del transporte como Aena, Adif y Renfe. Se trata de una sociedad mercantil estatal que trabaja en la consultoría e ingeniería del transporte y la transformación digital.

Las cuatro empresas españolas han participado en proyectos ferroviarios en Israel, en especial en la red de tranvía de Jerusalén, que une esta ciudad en algunas de sus líneas con paradas en territorios ocupados. 

Otras firmas no israelíes destacadas en la lista son las plataformas de reserva online estadounidenses Expedia, Airbnb y Booking, la también norteamericana Motorola, la empresa de ingeniería francesa Egis y su filial ferroviaria, o las británicas JCB y Greenkote, del sector de la construcción.

Impacto en los derechos humanos

La lista no lleva asociadas sanciones, su carácter es simplemente informativo, aunque la oficina de la ONU pide a las empresas incluidas que “tomen medidas adecuadas para abordar el adverso impacto en los derechos humanos” de sus actividades.

Según el alto comisionado Volker Türk, al frente de la oficina de Naciones Unidas, la lista subraya la necesidad de que se asuman responsabilidades y se cumpla la debida diligencia a la hora de operar en contextos de conflicto, “con el fin de garantizar que las actividades no contribuyen a abusos de derechos humanos”.

La oficina también anima a los once Estados con empresas en la lista (además de España, Israel, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Portugal, Canadá, Alemania, China, Luxemburgo y Países Bajos) a tomar medidas al respecto.

“Deben garantizar con medios judiciales, administrativos, legislativos u otros que cuando se produzcan violaciones de los derechos humanos relacionadas con actividades empresariales dentro de su territorio o bajo su jurisdicción, las personas afectadas tengan acceso a remedios efectivos”, destacó.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió en 2024 información sobre hasta 596 empresas posiblemente involucradas en actividades en la Cisjordania ocupada, pero solo pudo estudiar hasta el momento una tercera parte del total.

Todas las empresas de las que se habían presentado alegaciones fueron informadas sobre ello e invitadas a colaborar, destacó el organismo de la ONU, aclarando que su mandato no incluye estudiar actividades en Gaza.

El Consejo de Derechos Humanos encargó en 2016 a la oficina la elaboración y actualización de esta lista, centrada específicamente en actividades que incluyeran el abastecimiento de materiales para la construcción de asentamientos ilegales, la demolición de viviendas y propiedades de los palestinos, seguridad y vigilancia, uso de recursos naturales, u operaciones que contaminaran localidades palestinas.

Entre las empresas que han salido de la lista tras figurar en la de 2023, al considerarse que ya no llevan a cabo alguno de esos tipos de actividades en los asentamientos ilegales, se encuentran la francesa Alstom o la plataforma de reservas español eDreams, aunque en la primera versión de la lista (de 2020) figuró como firma de Luxemburgo.

Las nuevas empresas incluidas con la actualización de 2025 se dedican principalmente a actividades relacionadas con la construcción, el sector inmobiliario y la minería, sectores a los que ha dado prioridad la ONU en sus recientes pesquisas, mientras que en su próxima actualización primarán las del sector de la seguridad.

En 2020, poco después de que la ONU publicara su primera versión de la lista, el Gobierno palestino aseguró que daría tiempo a las empresas extranjeras que operan en asentamientos ilegales israelíes para que cesen esas actividades, pero que de no hacerlo se les podría exigir una indemnización.