Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comparece por quinta vez ante el juez Juan Carlos Peinado. Esta cita se enmarca en la investigación por un presunto delito de malversación de caudales públicos relacionado con la designación de su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez. Gómez, Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se presentan ante el magistrado para "concretar" su imputación, tras el auto que sugiere llevar a juicio a los implicados con jurado popular.

La investigación se centra en el nombramiento de Álvarez como asesora y en las presuntas irregularidades en las adjudicaciones públicas al grupo empresarial de Juan Carlos Barrabés. Gómez enfrenta acusaciones de tráfico de influencias y corrupción, así como de intrusismo profesional en la cátedra y el máster que codirigía en la Universidad Complutense. También se investiga la posible apropiación indebida del software de dicha cátedra.

El juez Peinado inició la investigación el 16 de abril de 2024, tras una denuncia del seudosindicato Manos Limpias, vinculado a la ultraderecha. La denuncia se basa en informaciones de medios de comunicación y señala que Gómez firmó cartas de recomendación para la empresa Innova Next, que recibió contratos por más de 11 millones de euros. Manos Limpias admitió que su denuncia se fundamentaba en estas informaciones.

Pedro Sánchez, en respuesta a la situación, canceló su agenda durante cuatro días para reflexionar sobre su futuro en el Ejecutivo, pero finalmente decidió continuar. En un hecho inédito, el juez Peinado se trasladó a la Moncloa para tomar declaración al presidente, quien se acogió a su derecho a no declarar.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentó un informe que concluyó que los contratos adjudicados a Barrabés se tramitaron "con normalidad". Sin embargo, el juez Peinado sigue investigando la actividad de Gómez en la Universidad Complutense, donde codirigía una cátedra sobre Transformación Social Competitiva. Ha solicitado a la UCO analizar correos electrónicos entre Gómez y el exvicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio.

En su declaración, la asesora de Gómez negó haber realizado gestiones para beneficiar a la esposa del presidente. El rector de la Complutense también defendió que no hubo irregularidades en la creación de la cátedra. En octubre, el juez imputó a Gómez por apropiación indebida e intrusismo profesional, sumándose a las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción.

El juez considera que Gómez podría haber elaborado pliegos para la contratación de servicios en la universidad y que se habría apropiado de la marca y el software de la cátedra, que debían ser para la UCM. Ante estas sospechas, se citó a declarar a representantes de Google Spain, Indra y Telefónica como testigos.