Hace pocas semanas, en Santa Fe vivimos un hecho histórico: nos convertimos en la primera provincia de Argentina y una de las pocas en América Latina en actualizar nuestra Constitución con artículos vinculados a lo digital. Que un texto fundacional reconozca derechos como el acceso a Internet y la ciberseguridad es un avance social enorme.

No es un detalle menor: significa poner en valor que hoy nuestra vida cotidiana está atravesada por lo digital, tanto como lo estuvo en su momento por la imprenta, la rueda o la electricidad.

Ahora bien, este logro trae consigo un gran interrogante: ¿alcanza con que el Estado lo garantice? Mi respuesta es que no . El Estado debe generar políticas públicas acordes a esta nueva Constitución, pero no podemos dejarle toda la responsabilidad. No

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